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Nueva Responsabilidad Penal de las Empresas

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El 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la nueva reforma del Código penal que se articula a través de la Ley Orgánica 5/2010, destacando entre sus modificaciones un nuevo sistema dereconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se cometan, entre otros, delitos de estafa, cohecho, cohecho privado, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, el medio ambiente, la Seguridad Social o urbanísticos.

Las claves del nuevo sistema de responsabilidad penal pueden resumirse en los siguientes apartados:

1.- La persona jurídica responderá penalmente en todo caso si los hechos han sido cometidos en su nombre y provecho, por sus representantes, administradores, de hecho o de derecho, o por personas con capacidad de obligarla.

2.- Responderá también cuando los hechos hayan sido cometidos por las personas que se encuentren al servicio de los anteriores o bajo su autoridad, cuando no hubiese existido el debido control.

3.- El objetivo es que las empresas, a través de sus representantes legales, colaboren activamente no solo en la prevención de los hechos delictivos que pudieran cometerse en su seno, sino también que, cuando el delito ya se ha producido, implante medidas correctoras eficaces que eviten su repetición; hasta el punto de que se valora esto último como circunstancia atenuante.

4.- Se considera también como atenuante que aporte al proceso pruebas que contribuyan a reforzar su propia culpabilidad.

5.- Por último, la responsabilidad de la persona jurídica no excluye la personal de los autores directos de los hechos, si estos pueden ser identificados y se prueba su participación.

6-. En cuanto a las penas, se establece la pena de multa, por cuotas o proporcional al beneficio obtenido o al perjuicio causado, así como la posibilidad de que el juez acuerde, la disolución, la suspensión de actividades, la clausura de locales y establecimientos, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, la intervención judicial de la persona jurídica o la prohibición de realizar aquellas actividades en cuyo ejercicio se hubiera cometido, favorecido o encubierto el delito. A estas penas habrá que añadir, la indemnización de los daños ocasionados por el delito.

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