consultoras-franquicias-abogados-empresasconsultores-franquicia-abogado-empresaconsultoras-franquicias-abogados-empresasconsultores-franquicia-abogado-empresaconsultoras-franquicias-abogados-empresas 91 375 83 19 - 91 375 83 21

Nuevas Medidas de Lucha Contra la Morosidad

  • Escrito por 
  • Publicado en Blog Abogados Consultoras de Franquicias y Empresas
  • tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
  • Imprimir
  • Email

Ley contra morosidad abogados franquicias empresas

Una de cada cuatro insolvencias empresariales está motivada por el retraso en el pago de las operaciones. La generalizada cultura empresarial de diferir los pagos, utilizado incluso como sistema de financiación de algunas compañías y administraciones públicas, tiene un efecto devastador sobre las pequeñas y medianas empresas, y hace especialmente complicada su actividad en el contexto económico actual.

Como consecuencia del aumento de los impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas se aprobó la Ley 15/2010, de 5 de Julio, por la que se modifica la Ley 3/2004 de 29 de diciembre sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y se introducen cambios importantes con el objeto de proteger la figura del acreedor. Sin embargo, el período transitorio que se fija para su aplicación, al retrasarse hasta 2013 su plena entrada en vigor, diluye, en gran medida el efecto de la norma.

La nueva ley establece unos plazos de pago máximos de las operaciones comerciales, que son de obligado cumplimiento y no pueden ampliarse por acuerdo de las partes. Concretamente, el artículo 9 de la nueva redacción, en su apartado 1, establece que "serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal de interés de demora establecidos con carácter subsidiario".

Destacamos un resumen de los aspectos más significativos de la norma:

Ámbito de aplicación

Esta ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas. Quedan exceptuadas por lo tanto la operaciones realizadas con consumidores, así como las deudas con empresas en situación concursal, que se rigen por su legislación específica.

Plazos de pago en el sector público

Desde el punto de vista de los plazos de pago, en el ámbito del sector público, se reduce a un máximo de 30 días el plazo de pago, pero esta medida no se aplicará hasta 2013, siguiendo un período transitorio para su entrada en vigor.

El plazo de pago para la Administración Pública se irá reduciendo gradualmente, de forma que, en el año 2010 y 2011 el plazo de pago será de 50 días, 45 días para el 2012, para llegar a 30 días en el año 2013.

Plazos de pago en el sector privado

En lo que se refiere a los plazos de pago entre empresas, se fija un plazo máximo de 60 días para el pago por parte de las empresas a sus proveedores. Igualmente se establece un régimen especial cuando se trate de entregas de productos frescos o perecederos, limitándose el plazo máximo para el pago a 30 días.

Asimismo, se contempla un calendario transitorio que culminará el 1 de enero de 2013: En el año 2010 y 2011 las empresas deberán pagar a sus proveedores en 85 días, en 75 días en 2012 y, finalmente, en 60 en el año 2013.

Se establece no obstante, un trato de favor a las constructoras a las cuales se les permite pagar a sus proveedores en 120 días hasta el 31 de diciembre de 2011, un plazo que se reducirá a 90 días el año 2012 y en 60 días el año 2013.

Indemnizaciones

El artículo 8, relativo a la indemnización por costes de cobro, establece que cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste.

La indemnización no podrá superar, en ningún caso, el 15 por ciento de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en que la deuda supere los 30.000 euros en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago.

Transparencia y buenas prácticas comerciales

El artículo 11 señala que, con el fin de velar por la plena transparencia en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, se promoverán la elaboración de códigos de buenas prácticas comerciales, así como la adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje, siendo de adscripción voluntaria por parte de los agentes económicos.

Asimismo, se exige a las sociedades la publicación de forma expresa de las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales.

La información contenida en esta Circular es de carácter general y no constituye opinión profesional ni asesoría jurídica.

Reciba nuestraNewsletter

     Acepto aviso legal