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Máximo legal de 60 días para el cobro de facturas

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Actualmente no se puede  establecer un vencimiento de pago superior a 60 días para las operaciones comerciales entre empresas.

 

En el caso de las Administraciones Públicas el plazo que tienen para pagar se fija en 30 días. De no cumplirse estos plazos se podrá solicitar una indemnización por los costes ocasionados. Debido a los efectos de la situación económica actuales muy común que llegado el vencimiento de una factura ésta resulte impagada, se produzcan retrasos en su cobro o se establezcan prórrogas para la misma.

 

Esto perjudica especialmente a pequeñas y medianas empresas que ven mermada su liquidez y dependen cada vez más de los créditos a corto plazo.

 

Para tratar de reducir este tipo de morosidad se aprobó una ley (Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) en la que se suprime la posibilidad de pacto entre las partes para impedir alargar los plazos de pago.

 

Para los plazos de pago entre empresas, se establece un vencimiento máximo de 60 días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.

 

Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes y serán nulas las cláusulas que lo prolonguen.

 

Esta medida pretende evitar posibles prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños proveedores, que den lugar a aumentos injustificados del plazo de pago.

 

Si el deudor incurre en mora, el acreedor tiene derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste.

 

Desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público, se reduce a un máximo de treinta días el plazo de pago desde la expedición de las certificaciones de obras, de los correspondientes documentos que acrediten la realización del contrato o desde la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios.

 

Si la Administración se demorase en el pago, el contratista puede reclamar por escrito a la Administración el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora.

 

Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda.

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